Las compañías ferroviarias y los operadores de trenes tienen un deber de diligencia superior hacia sus pasajeros y el público. Se les considera transportistas públicos según el artículo 2100 del Código Civil de California y deben extremar el cuidado y la vigilancia en la operación y el mantenimiento de sus trenes, vías y equipos.

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Cuando ocurren accidentes por negligencia, como la falta de mantenimiento del equipo, el mal estado de las vías o errores del operador, las víctimas tienen derecho a reclamar indemnizaciones por lesiones y daños. En muchos casos, estas reclamaciones se basan en la legislación estatal sobre negligencia, así como en las normas federales de seguridad ferroviaria.